En Colombia, el mercado de vivienda en arriendo sigue creciendo a un ritmo acelerado. Según el más reciente informe del DANE, más de siete millones de hogares viven actualmente en arriendo, cifra que supera por primera vez a la de propietarios. Ante este escenario, el Gobierno Nacional ha emitido nuevas disposiciones para regular y equilibrar las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, buscando garantizar mayor transparencia y equidad.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en conjunto con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), anunció una medida que prohíbe a los arrendadores e inmobiliarias cobrar tres trámites que tradicionalmente se imponían a los inquilinos, y que, a partir de ahora, deberán ser asumidos por el propietario del inmueble.

Desde Beatriz Giraldo Finca Raíz, analizamos en detalle esta regulación, su impacto en el mercado inmobiliario, los beneficios que trae para ambas partes y cómo adaptarse correctamente a esta nueva realidad sin afectar la confianza ni la rentabilidad.

¿Cuáles son los tres cobros prohibidos?

De acuerdo con la disposición, los arrendadores y las inmobiliarias ya no podrán cobrar a los arrendatarios los siguientes trámites:

1. El estudio de solvencia o estudio de crédito
   Este proceso consiste en verificar la capacidad de pago, estabilidad laboral y antecedentes financieros del arrendatario o de su codeudor. Es una herramienta que beneficia directamente al propietario, ya que le permite reducir el riesgo de impago.

   A partir de la nueva norma, dicho costo deberá ser asumido por el arrendador, no por el arrendatario, pues el resultado del estudio es información que protege la inversión del propietario.

2. La póliza o seguro de arrendamiento
   En muchos contratos, los propietarios exigían al inquilino pagar la póliza de cumplimiento, que cubre el canon mensual en caso de incumplimiento.
   Sin embargo, la nueva medida determina que esta póliza es una garantía que favorece al arrendador, por lo tanto, su costo no puede trasladarse al arrendatario.

3. Los gastos administrativos o de estudio de documentos
   Estos gastos, relacionados con la revisión de papelería, redacción del contrato o expedición de certificados, tampoco podrán cobrarse al inquilino. Se consideran parte del proceso operativo que corresponde al propietario o a la empresa que administra el inmueble.

En síntesis, los arrendadores deben cubrir los costos derivados del proceso de evaluación, aseguramiento y formalización del contrato, ya que estos se realizan en su propio beneficio y no en el del arrendatario.

¿Por qué se implementa esta medida?

El objetivo del Gobierno Nacional es proteger a los inquilinos frente a cobros excesivos o injustificados, que en muchos casos se convertían en barreras para acceder a una vivienda en arriendo.

Según la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, la decisión busca fortalecer la equidad en las relaciones contractuales y garantizar que los inquilinos no asuman cargas financieras que no les corresponden.

“Estos costos no hacen parte del canon de arrendamiento ni de los servicios prestados al arrendatario. Son procedimientos que benefician al propietario, y por tanto, es él quien debe cubrirlos”, explicó la funcionaria.

La medida también responde a un creciente número de quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por cobros no autorizados, lo cual evidenció la necesidad de intervenir para estandarizar las prácticas del sector.

Implicaciones para propietarios e inmobiliarias

Para los propietarios, la medida significa un cambio en la forma de estructurar sus contratos y presupuestos de arrendamiento. Los costos que antes eran asumidos por el inquilino ahora recaen sobre ellos, lo que puede implicar un ajuste en los valores iniciales del proceso de arriendo.

Sin embargo, esta modificación también trae ventajas:

• Mayor confianza del mercado, al eliminar prácticas percibidas como abusivas.

• Relaciones más duraderas y transparentes entre propietarios e inquilinos.

• Reducción de conflictos legales o reclamos por cobros indebidos.

Para las inmobiliarias, esta norma refuerza la importancia de actuar como intermediarios éticos y profesionales, capaces de explicar claramente los costos y responsabilidades a ambas partes.

En Beatriz Giraldo Finca Raíz, por ejemplo, ya implementamos modelos de gestión donde el propietario asume los costos de estudio y aseguramiento, mientras garantizamos al arrendatario procesos claros, sin cargos ocultos ni trámites innecesarios.

Beneficios para los arrendatarios

Para los inquilinos, esta medida es un avance en la defensa de sus derechos. A partir de ahora:

• Pagarán solo lo que realmente les corresponde, es decir, el canon mensual, los servicios públicos y el cumplimiento de las normas del contrato.

• Podrán acceder a más opciones de vivienda, ya que el costo inicial de arrendar se reduce significativamente.

• Tendrán mayor claridad sobre los conceptos incluidos en el contrato y los que no.

• Se fomenta la formalidad, pues las inmobiliarias deben reflejar los cobros reales y justificados.

En resumen, el arrendatario podrá disfrutar de un proceso más justo, menos oneroso y con mejores garantías de transparencia.

¿Qué deben hacer los propietarios para adaptarse?

1. Revisar los contratos actuales y futuros.
   Los propietarios deben asegurarse de que los nuevos contratos no incluyan cláusulas que trasladen al arrendatario los costos prohibidos.

2. Actualizar la relación con su inmobiliaria.
   Es fundamental trabajar con inmobiliarias profesionales que ajusten sus procesos y expliquen con claridad la nueva normatividad.

3. Asumir el costo como inversión.
   El estudio de solvencia, la póliza y los gastos administrativos no son un gasto perdido, sino una inversión en seguridad jurídica y protección patrimonial.

4. Mantener una comunicación transparente con el inquilino.
   La confianza mutua sigue siendo la clave para relaciones contractuales duraderas.

Beatriz Giraldo Finca Raíz: transparencia, respaldo y cumplimiento

Desde nuestros inicios, en Beatriz Giraldo Finca Raíz hemos promovido una política de transparencia y respeto por las normas legales. Esta nueva medida reafirma nuestro compromiso con la ética inmobiliaria y con la protección tanto del propietario como del arrendatario.

Nuestros servicios incluyen:

• Asesoría jurídica para la correcta aplicación de la nueva norma.

• Redacción de contratos ajustados a la legislación vigente.

• Estudio de arrendatarios a cargo del propietario, con entrega de informes verificables.

• Pólizas de cumplimiento gestionadas con aseguradoras reconocidas.

• Procesos 100 % transparentes en cada etapa del arriendo.

Con estas prácticas, garantizamos que cada transacción sea segura, justa y ajustada a la ley, fortaleciendo la confianza en el sector inmobiliario del Eje Cafetero y de todo el país.

El impacto positivo en el mercado inmobiliario

Aunque algunos propietarios perciben esta medida como una carga adicional, en realidad representa un paso hacia la profesionalización del sector.

La transparencia y la eliminación de cobros injustificados aumentan la confianza en el sistema y estimulan el crecimiento del mercado de arriendo formal. Al reducir los conflictos entre las partes, se facilita la estabilidad y se incentiva la inversión en vivienda.

En el mediano plazo, esta regulación también puede contribuir a mejorar la reputación de las inmobiliarias y promover relaciones más equilibradas, donde ambas partes entienden sus derechos y obligaciones.

Conclusión: arrendar con confianza y respaldo

El arriendo de vivienda en Colombia está evolucionando hacia un modelo más transparente, formal y justo. Las nuevas reglas del Ministerio de Vivienda y la SIC protegen a los inquilinos sin desamparar a los propietarios, equilibrando los intereses de ambos.

En Beatriz Giraldo Finca Raíz, apoyamos estas iniciativas y acompañamos a nuestros clientes en la transición. Actualizamos contratos, educamos a las partes y garantizamos que cada proceso cumpla con la ley.

Porque arrendar no solo es un acto comercial: es una relación de confianza.
Y la confianza comienza con la claridad.